Canal de denuncias interno en las empresas

October 11, 2018

ANALIZAMOS LA REGULACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS INTERNO EN LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO.

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

 

1.- REAL DECRETO LEY 11/2018 de 31 de agosto -por el que se modifica la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo-.

 

2.- LEY 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 

3.- DIRECTIVA (UE) 2015/849

 

El canal de denuncias interno se configura como un mecanismo o medida reforzada de Diligencia Debida que deben implantar los sujetos obligados por la ley, de cara a prevenir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

 

Así mismo, se establece como un procedimiento de comunicación de "información relevante sobre posibles incumplimientos de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento y cometidos en el seno del sujeto obligado". 

 

Este procedimiento de comunicación puede ser anónimo o no.

 

Para mayor flexibilidad en las operaciones internas de la empresa, se determina que el procedimiento de comunicación o "Canal de Denuncias Interno" puede integrarse en los sistemas de comunicación de información de incumplimientos normativos instaurados en la organización, en relación a los incumplimientos de carácter general.

 

Por otra parte, se recuerda que todos los datos contenidos en estas comunicaciones de información de incumplimientos o Canal de Denuncia Interna, se encuentran protegidos y sometidos a la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, debiendo constar específicamente en el citado procedimiento de comunicación.

 

Y respecto a las posibles represalias, situaciones de discriminación o tratos injustos que puedan sufrir las personas que llevan a cabo estas denuncias internas en el procedimiento de comunicación de información de incumplimientos normativos, se deben adoptar medidas por los sujetos obligados, a los fines de evitar que se produzcan dichas situaciones descritas y que aquéllas personas queden protegidas frente a las posibles acciones que, eventualmente, puedan dirigirse contras ellos, con ánimo de venganza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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